Los fenómenos de violencia e inseguridad forman parte de la realidad social no sólo de nuestro país sino de vastas regiones del mundo. No es casual, por ello, que desde hace varios años el Panorama Social que publica la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), habitualmente dedicado a temas de empleo, condiciones de vida, educación, salud o vivienda, haya comenzado a incluir un capítulo sobre seguridad ciudadana y violencia.
Según este informe, la violencia contra los niños está creciendo y
se estima que alrededor de 6 millones de niños, niñas y adolescentes menores
de 18 años de edad en América Latina son objeto de malos tratos y que
80.000 mueren cada año como resultado de los daños causados por sus
familiares u otros.
La violencia en el interior de la familia es uno de los problemas más graves
que padece nuestra sociedad y el maltrato a la infancia es, quizás, la
expresión más elocuente de la ruptura de los vínculos de responsabilidad
entre las generaciones.
El maltrato y el abuso constituyen una vulneración
de los derechos de la niñez. Aunque ocurran en el hogar, no constituyen un
hecho privado porque todo lo que concierne al desarrollo integral de un niño
es un asunto de interés público.
